Los Desafios de una Jueza en Chile

Vine de un país que cuelga del mapa, al sur del mundo. Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve, en palabras de nuestro nobel Neruda. No adiviné que me esperaba, paciente, la primavera, para mostrarme cómo pueden florecer furiosos los cerezos, sin darle tregua al asombro. Fue la primera lección que aprendí, y tal vez la más imperecedera, en este año en que todo es silabario.

Dejé atrás mi despacho de Jueza de Garantía. Para quienes no están familiarizados con el rol del juez de garantía, diré brevemente que asegura los derechos del acusado y los demás intervinientes en el proceso criminal.  Es por antonomasia, un juez garantista, especialmente del cumplimiento cabal del debido proceso. De este modo, para realizar cualquier actuación que afecte derechos fundamentales, se debe contar con autorización del juez de garantía. La policía, entonces, no puede irrumpir en un hogar en búsqueda de evidencia sin autorización judicial previa, por muy grave que sea el delito que se investiga.

El juez de garantía, entonces, es esencial en la tutela de los derechos fundamentales, actuando como barrera previa de su protección. A la vez, constituye una barrera ulterior, en cuanto posee la facultad de excluir toda evidencia obtenida sin observancia de dichas garantías fundamentales.

La exclusión de prueba ilícita es un tema clave en el proceso. El juez debe tener el juicio sereno y la mano firme para decidir este tipo de incidencias, cuyas consecuencias pueden ser fatales para las expectativas de la persecución penal. Desde luego, los medios de comunicación no tardan en acusar al juez de “ser extremadamente garantista” si excluye pruebas obtenidas ilícitamente, sin detenerse a analizar las causas que originan este tipo de decisión, siempre directamente vinculadas a un accionar policial defectuoso.

En una entrevista televisiva una afamada periodista me preguntó, en tono que pretendía mostrar una aguda crítica, “¿No cree ud. que los jueces son demasiado garantistas?”. Noté en su cara que no le gustó mi respuesta, que fue más o menos así: “No sé como contestar a esa pregunta; es como si yo le preguntara a ud, ¿por qué hace tantas preguntas. Que es lo mismo que si le preguntara, ¿no cree ud. que es demasiado periodista?”.

Chile no se aparta de la tónica universal de considerar la cárcel como una solución -ilusoriamente- eficaz. Es por eso que la frustración de esta expectativa en ciertos casos, ha dado lugar a la falaz etiqueta de “la puerta giratoria”, que pretende denotar un flujo sostenido de delincuentes que entran y salen de los tribunales, sin “que se haga justicia”, entendiendo por tal, sin que queden en encarcelamiento previo a la sentencia. Medio en broma y medio en serio, cuando me preguntan qué tipo de juez soy, contesto: “de los que de la puerta giratoria”. Son los segundos de estupor que siguen a esa respuesta inesperada, los que me permiten abrir el fuego argumentativo contra un slogan sin sentido. No existe algo como una puerta giratoria en los Tribunales de Chile. No en un país que ocupa cómodamente los últimos lugares en el ranking internacional de delitos, registrando, sin embargo, una de las más altas tasas de encarcelamiento.

Pero además el juez de garantía debe asegurar los derechos de las víctimas, lo que me ha impulsado, especialmente, a desarrollar diversas e innovadoras estrategias en mi Tribunal para mejorar el sistema de medidas cautelares respecto de mujeres que sufren violencia proveniente de su propia pareja. Ha sido en este papel que he podido dimensionar la enorme potencialidad de la perspectiva de genero, como método de análisis y, muy concretamente, como herramienta de trabajo cotidiano.

Es vital proteger oportunamente a una víctima y asegurar su acceso a la justicia. Pero sobretodo, es de primera importancia, desestimar una imputación a un inocente. Esta doble dimensión garantista, muchas veces poco entendida, es la esencia de la jurisdicción cautelar, y es lo que me ha cautivado por años en la desafiante labor que desarrollo como jueza de garantía.

Maria Francisca Zapata is a visiting researcher with the Government Department at Georgetown University. 

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